Panorama Reportaje. En el kilómetro 14 de la autopista Las Américas, dentro del sector Invidorex, hay un lugar que durante años formó parte del paisaje cotidiano de los vecinos. Lo conocen como “La Cueva”.
Desde la calle, hoy apenas puede verse un cerco de zinc de más de dos metros, cerrado con candado y sin ningún letrero que explique qué hay detrá
Pero quienes vivieron allí antes de 2025 recuerdan otra escena: un cráter de más de mil metros cuadrados, rodeado de paredes de piedra caliza, con pocetas de agua cristalina y una vegetación que servía de refugio a murciélagos, lechuzas, abejas, mariposas y otras especies. Ese paisaje está desapareciendo.
Desde diciembre de 2025, según testimonios recogidos entre residentes del sector, el terreno comenzó a ser intervenido. Primero fueron talados árboles y eliminada parte de la vegetación. Después, la actividad aumentó hasta convertir la dolina en un receptor de escombros.
Los vecinos aseguran que en las últimas semanas han llegado al lugar hasta 20 camiones de volteo diariamente. La escena tiene una particularidad que eleva el caso más allá de una disputa por la propiedad de un terreno: debajo de ese paisaje existe un sistema kárstico vinculado a una reserva de agua dulce.
Y mientras la cavidad desaparece bajo los escombros, los documentos oficiales consultados muestran contradicciones sobre la protección del lugar y las autoridades involucradas han ofrecido respuestas que no terminan de aclarar qué está ocurriendo.
Una dolina conectada al agua
El espeleólogo Domingo Abreu Collado, de Espeleogrupo, descendió al cráter después de que la comunidad alertara sobre las intervenciones.
Su conclusión fue que no se trata simplemente de un hueco en el terreno. Es una dolina: una depresión formada por el colapso de una cavidad subterránea y parte de un sistema kárstico activo conectado con el acuífero “Ojo de las Américas”.
Ese acuífero forma parte del farallón que se extiende de oeste a este hasta Higüey. De acuerdo con la evaluación espeleológica citada en la investigación, el sistema comprende unos 175 kilómetros de reservas de agua dulce de las que dependen varias provincias costeras
Por eso, la discusión sobre lo que ocurre en “La Cueva” no se limita a saber quién posee el terreno o quién colocó un cerco. Lo que está en juego es también la integridad de un sistema subterráneo.
“Toda la vegetación que emergía de esa dolina fue eliminada, y la que la circundaba también”, advirtió Abreu Collado, quien considera que el lugar está comprendido dentro de las protecciones ambientales aplicables a las cuevas y cavidades del país.
Su valoración tampoco aparece aislada
Abreu Collado es coautor del estudio espeleológico que sirvió de base a un plan interinstitucional en el que participaron CONAU, la Alcaldía de Santo Domingo Este, Bienes Nacionales, el INVI, el Consejo Estatal del Azúcar, el Ministerio de Medio Ambiente, la UASD y las Fuerzas Armadas.
El propósito de aquel proyecto era convertir el farallón en el “Parque Lineal Histórico Ecológico Mirador de las Américas”. El documento ubica el punto exacto de la dolina denunciada dentro de las zonas evaluadas y georreferenciadas. Es decir, el sitio no era desconocido para el Estado.
La tala que nadie detuvo
Los residentes que llevan más de dos décadas viviendo en Invidorex sitúan el comienzo de la intervención en diciembre de 2025. Hablan de la llegada de personas que se presentaban como propietarios y que comenzaron a cortar árboles y eliminar la vegetación.
La situación se agravó meses después.
Según los vecinos, fueron cortadas las caobas y otras especies que habían sido sembradas anteriormente en el lugar. Posteriormente empezaron a entrar los camiones cargados de desechos. La denuncia comunitaria fue formalizada públicamente el 26 de agosto.
Los residentes aseguran que habían alertado previamente al Ministerio de Medio Ambiente, al Ayuntamiento de Santo Domingo Este y a la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente.
No vieron, sin embargo, una actuación que detuviera la intervención.
La ironía resulta difícil de ignorar
El 28 de octubre de 2022, aquel mismo espacio había sido escenario de un acto oficial de reforestación. Con la participación de escolares y militares, fue declarado “Primer Micro Bosque de las Mipymes e Instituciones Gubernamentales en Honor al Dr. Orlando Jorge Mera”, dentro de las actividades del Mes de la Reforestación.
Se sembraron caobas y otras especies. El cartel que identificaba aquella actividad todavía permanece junto al cerco de zinc que ahora oculta la dolina.
Lo que fue presentado entonces como un espacio para reforestar y preservar es hoy un lugar donde, según los vecinos, entran diariamente camiones a descargar escombros.
El documento que debía protegerla
El hombre que se presenta como propietario es Paulino de la Cruz de Paula. Documentos del Registro de Títulos de Santo Domingo revisados para esta investigación lo acreditan, junto a Elías Mateo Medina y Cirilo de la Cruz de la Cruz, sobre una parcela de 6,829.66 metros cuadrados adquirida mediante transferencias registradas entre 2021 y 2022.
De la Cruz de Paula exhibe documentos oficiales para justificar su actuación. Uno es una solicitud presentada el 4 de enero de 2026 ante el Ministerio de Medio Ambiente. Allí pide autorización para “terminar de cercar” el terreno, argumentando que se producían invasiones.
El segundo es un “Acuerdo de Custodia Provisional y Autorización de Cierre Perimetral”, emitido el 6 de febrero de 2026 por la Dirección de Fiscalización Ambiental. El acuerdo lo designa “custodio ambiental” del inmueble.
Pero el contenido del documento plantea una paradoja. Ninguno de los dos documentos autoriza el relleno de la dolina con escombros ni la tala de árboles. Por el contrario, el acuerdo establece que el custodio debe garantizar la integridad física del terreno y prevenir asentamientos humanos irregulares o intervenciones no autorizadas que contravengan la normativa ambiental.
El documento que De la Cruz de Paula presenta como respaldo, por tanto, le asigna una función de protección. No una autorización para destruir.
Una certificación que deja preguntas
Existe, además, una “Certificación de No Objeción de Áreas Protegidas”, fechada el 10 de septiembre de 2025 y firmada por un agrimensor del Departamento Provincial de Medio Ambiente en Santo Domingo.
El documento concluye que el terreno no está dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y establece que el área protegida más cercana se encuentra a 651 metros. A primera vista, podría parecer que la certificación resuelve la controversia.
Pero hay un elemento que no aparece en esa evaluación: el Decreto 381-92, del 31 de diciembre de 1992. La disposición declara de utilidad pública una franja de 150 metros de ancho a ambos lados del eje del farallón, en el trayecto comprendido entre la avenida Las Américas y la Base Aérea de San Isidro.
La evaluación espeleológica de Abreu Collado, acompañada de un mapa georreferenciado, sitúa el terreno denunciado dentro de ese corredor.
Preguntado sobre la omisión, De la Cruz de Paula respondió que el decreto habría quedado sin efecto porque los propietarios de la parcela no fueron indemnizados. No presentó una sentencia, resolución o decreto derogatorio que sustentara esa afirmación.
Pero existe una discusión adicional
El Decreto 297-87 declaró Patrimonio Natural de la Nación a las cuevas, cavernas y cavidades subterráneas del país. Ese antecedente se encuentra vinculado posteriormente a la protección incorporada en la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Los artículos 160 y 161 de esa legislación protegen las cuevas y el ambiente subterráneo. Por eso, aun dejando de lado la controversia sobre el Decreto 381-92, permanece una pregunta esencial: ¿puede una propiedad privada ser rellenada o modificada de cualquier manera cuando en ella existe una cavidad subterránea protegida por la legislación ambiental?
El diputado y las gestiones
La investigación también lleva hasta Carlos José Gil Rodríguez, diputado por la Circunscripción No. 3 de Santo Domingo Este y aspirante declarado a la alcaldía del municipio.
Los comunitarios de Invidorex y de la Junta de Vecinos Unión y Progreso lo han señalado como una persona vinculada al propietario. Gil niega ser dueño del terreno.
Admite, sin embargo, haber ayudado a De la Cruz de Paula.
Según explicó, el propietario lo contactó hace más de un año porque tenía un terreno titulado a su nombre y al de otras dos personas que el legislador dijo no conocer. “Como vi todo legal lo ayudé”, declaró.
También explicó que realizó “algunas diligencias” porque un diputado, como representante, puede gestionar ante las oficinas gubernamentales.
Gil sostuvo que en ese momento desconocía que el terreno pudiera estar dentro de un área protegida y afirmó que se apartó del asunto cuando se enteró. Cuando se le preguntó cuáles fueron exactamente esas diligencias, la respuesta fue menos precisa.
Ante la insistencia sobre si había intervenido ante instituciones públicas, respondió: “No pude”. No explicó cuáles gestiones intentó realizar ni ante qué organismos.
Gil obtuvo su primera diputación con el PRM en 2016, la revalidó en 2020 con el PLD, renunció a ese partido en febrero de 2025 y se juramentó en marzo en Fuerza del Pueblo. También es propietario del Consorcio de Bancas de Lotería “La Dinámica”.
Dos instituciones, dos versiones
La contradicción institucional quedó expuesta públicamente el 2 de septiembre. Durante una rueda de prensa sobre el combate al denominado “terrorismo medioambiental”, el ministro de Medio Ambiente, Armando Paíno Henríquez, aclaró que no existían invasiones dentro del Parque Ecológico Orlando Jorge Mera, un espacio de 118,000 metros cuadrados inaugurado por la Alcaldía de Santo Domingo Este en 2023 sobre una antigua mina de caliche, cerca de la Base Aérea de San Isidro.
Según el ministro, la denuncia correspondía a “una propiedad privada cercana donde hay una cueva”. Sostuvo que ese solar no forma parte de un área protegida, aunque reconoció que, debido a la presencia de la cavidad, el propietario no puede alterarla.
Aquí aparece una nueva confusión
En la zona existen dos referencias diferentes: el parque inaugurado en 2023 y el “micro bosque” declarado en 2022 sobre el cráter que hoy está siendo rellenado.
La diferencia no es menor. Determinar cuál de los dos lugares fue denunciado es indispensable para entender la respuesta oficial.
La Alcaldía de Santo Domingo Este tampoco despejó la incertidumbre.
Ante un cuestionario de siete preguntas enviado por este medio, no respondió sobre el estatus catastral del terreno, la coordinación con Medio Ambiente ni el expediente relacionado con el “Acuerdo de Custodia”.
En lugar de contestar, remitió a la Junta de Vecinos de Invidorex.
Sin embargo, en su comunicación incluyó una referencia al diputado Gil Rodríguez como quien “indica poseer títulos de terreno donde se encuentra área protegida”.
La frase, aunque incluida dentro de una respuesta que no contestó las preguntas centrales, introduce una contradicción con la versión de que el terreno simplemente no forma parte de ningún espacio protegido.
Un decreto y una pregunta pendiente
Ese mismo 2 de septiembre, el presidente Luis Abinader emitió el Decreto 615-26, que declara de alto interés y seguridad nacionales el combate al terrorismo medioambiental y contempla expresamente la protección de acuíferos y reservas de agua.
El decreto adquiere particular relevancia en un caso donde la principal preocupación ambiental no es únicamente la superficie del terreno, sino lo que existe debajo.
El presidente también señaló que numerosas áreas protegidas del país ni siquiera cuentan con títulos de propiedad a nombre del Estado. En los documentos del plan interinstitucional del farallón aparecen como titulares originales de terrenos Bienes Nacionales, el INVI y el Consejo Estatal del Azúcar.
Mientras tanto, el Ministerio de Medio Ambiente recibió un cuestionario de ocho preguntas sobre aspectos concretos del caso: por qué la certificación de septiembre de 2025 no tomó en cuenta el Decreto 381-92 y si el relleno con escombros y la tala de árboles son compatibles con el “Acuerdo de Custodia” emitido por su propia Dirección de Fiscalización Ambiental.
El plazo para responder venció. No hubo respuesta.
La ausencia de una explicación oficial deja sin resolver una cuestión elemental: si el propietario fue designado custodio ambiental para garantizar la integridad del terreno, ¿quién supervisó el cumplimiento de esa custodia mientras la vegetación era eliminada y la dolina comenzaba a llenarse de escombros?
Lo que queda bajo los escombros
Para Domingo Abreu Collado, la discusión sobre títulos, permisos y límites administrativos corre el riesgo de ocultar lo esencial. Debajo del farallón de Santo Domingo Este existe un sistema de agua subterránea que alimenta a varias provincias. Las cuevas y cavidades forman parte de ese sistema.
“No se puede hablar de desarrollo cuando se mutila la naturaleza a plena luz del día, sin consecuencia alguna”, advirtió.
En Invidorex, mientras tanto, los vecinos observan desde la acera el cerco de zinc que impide ver lo que sucede dentro. Antes podían acercarse al cráter, observar el agua cristalina, los murciélagos, las aves y la vegetación.
Ahora escuchan el movimiento de los camiones. Hasta 20, según sus testimonios, pueden entrar en un solo día.
Del otro lado del cerco, la dolina sigue recibiendo escombros. Y cuanto más sube el relleno, menos queda a la vista de “La Cueva”.
Lo que permanece oculto no es solamente una cavidad. También está bajo tierra el agua de un sistema que, según los estudios citados, se extiende por decenas de kilómetros.
La pregunta ya no es solo quién tiene un título sobre esos 6,829.66 metros cuadrados. La pregunta es quién tiene la obligación de proteger lo que existe debajo de ellos.
Los camiones continúan entrando. Y “La Cueva”, junto con la vegetación que la rodeaba y el sistema subterráneo al que está conectada, sigue quedando bajo los escombros.
